Ley de
Instrucción Primaria de 1939
Promulgada en la posguerra española esta Ley que sólo afectaba a la
Enseñanza Primaria complementada por un Decreto en 1967. Recogía la ideología del régimen de Franco considerando a la
educación como un derecho de la familia, la Iglesia y el Estado, por lo que
ésta se veía marcada, como es comprensible, por el pensamiento nacional-católico de orientación fascista, aunque particularmente rediseñado por el franquismo,
partiendo de las ideas que planteaba José Antonio Primo de Rivera.
Por ello, la Educación Primaria tenía un carácter confesional, patriótico,
social, intelectual, físico y profesional. Buscaba con hincapié la unificación
lingüística de todo el Estado, dado que los nacionalismos catalanes y vascos
habían sesgado a la nación durante la Segunda República. Declaraba además a la
Educación Primaria obligatoria y gratuita con separación de sexos.
Esta ley, homóloga a la anterior,
regulaba la enseñanza secundaria o media y también fue reformada en 1967. Era
una ley confesional e ideológica. A las enseñanzas medias se accedía mediante
una prueba de ingreso. La ordenación establecía bachilleratos de plan general y
de plan especial. El bachillerato de plan general constaba de un bachillerato
elemental de cuatro años de duración, una reválida para acceder al bachillerato
superior de dos cursos más y otra reválida. El bachillerato de plan especial,
laboral, constaba de cinco cursos y otras dos reválidas. Además, existía un
curso de preparación para la Universidad.
Ley
General de Educación de 1970.
Con esta ley se pretendía dotar al país de un sistema educativo más justo,
más eficaz y más en consonancia con las necesidades de los españoles. Los
criterios básicos para esta ley fueron la unidad, abarcando los distintos
niveles educativos, la interrelación entre ellos, y la flexibilidad.
La estructura del sistema educativo quedó establecida como sigue:
·
Educación
Maternal, de dos a
cuatro años. Era voluntaria y se impartía fundamentalmente en centros privados
y guarderías.
·
Educación
Preescolar, de cuatro a
seis años. Era voluntaria y se impartía en centros públicos y privados por
profesores especialistas en Preescolar. El currículo se limitaba a los aspectos
madurativos y a la preparación para las materias instrumentales: prelectura,
preescritura y precálculo.
·
Educación
General Básica (EGB),
de seis a catorce años. Era obligatoria y gratuita. Los ocho cursos estaban
divididos en dos etapas (Primera Etapa los cinco primeros cursos y Segunda
Etapa, los tres restantes) y tres ciclos.
·
El Ciclo
Inicial, de seis a ocho años de edad, comprendía los dos primeros cursos.
·
El Ciclo
Medio, de ocho a once años, abarcaba los cursos tercero, cuarto y quinto.
·
El Ciclo Superior,
de doce a catorce años, comprendía los tres últimos cursos.
El alumnado podía obtener uno de estos dos títulos:
·
Graduado
Escolar, cuando se superaban con éxito los objetivos de los ocho cursos de EGB.
Permitía al alumnado continuar estudios de Bachillerato o de Formación
Profesional.
·
Certificado
de Escolaridad, que acreditaba haber cursado los ocho años de escolaridad pero
no informaba de su aprovechamiento. Sólo daba acceso a la Formación Profesional
o al abandono del sistema educativo.
La estructura interna de las materias se estableció en las Nuevas
Orientaciones Pedagógicas (1970). El profesorado en esta Ley abarcó a los
antiguos Maestros de Primaria homologados con los procedentes de la Reforma que
por primera vez los incluía en la Universidad con rango de Diplomados
Universitarios y títulos de profesores de Educación General Básica.
El modelo de enseñanza seguido en esta Ley fue tecnocrático, de línea
conductista. Seguía en términos generales una idea del aprendizaje de tipo
proceso-producto. El modelo de profesor fue consecuentemente técnico y
competente que diseñe buenos programas con objetivos claros y medibles.
Las primeras
actuaciones franquistas en educación.
Tras la sublevación se constituyó la Junta Técnica del
Estado, y dentro de ésta la Comisión de Cultura y Enseñanza, presidida por J.
María Pemán, de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, y como
vicepresidente a Enrique Suñer, de la Federación de Amigos de la Enseñanza
(pantalla de las congregaciones religiosas que se dedicaban a la enseñanza).
El 30 de enero de 1938, el Ministerio de Instrucción Pública
cambia de nombre en el bando sublevado y pasa a llamarse Ministerio de
Educación Nacional, siendo Pedro Sainz Rodríguez1 el primer ministro de
educación franquista; había adquirido experiencia en educación durante los
gobiernos de la Dictadura y de la República. Entre las primeras medidas que
toman hay que señalar que suprimen el laicismo, la coeducación y la enseñanza
de las lenguas distintas al castellano; la religión católica se identifica con la
esencia de la Nuevo Estado y se impone la religión como obligatoria; implantan
una rígida censura en los libros de texto, e imponen la educación separada por
sexos, empezando una cruel depuración de enseñantes de todos los niveles…; en
resumen, inhiben y subordinan los intereses del Estado a los intereses del
catolicismo más rancio y conservador.
El franquismo triunfante, además de desmontar todo el
edificio educativo republicano, ejerció sobre los docentes una represión
intensa y despiadada. Las represalias llegaron como resultado de un proceso de
depuración, de “limpieza”, como gustaban recordar los vencedores de nuestra
última Guerra Civil, desarrollado en aquellos años malditos durante los que se
ejerció una feroz coerción sobre toda España, pero eligiendo el terreno de la
educación como preferente, para que sirviera como ejemplo de escarmiento a toda
la población. Por eso, los castigos se cebaron en los maestros y maestras, en
los profesores de instituto o de universidad.
La depuración de
maestras y maestros republicanos.
La depuración establecida por el régimen franquista abarcó a
todos los ámbitos de la sociedad española; cayeron en una aberración jurídica,
en lo que se conoce como una “justicia al revés”, se juzgaba y condenaba a
quiénes habían sido leales al gobierno republicano legal y democráticamente
constituido.
Fue una represión militar, pues constituyeron tribunales
militares y aplicaron el código de justicia militar, una (in) justicia ordenada
por los vencedores y a su servicio. Aunque hay diversos estudios parciales, la
verdad es que no hay un estudio global sobre la represión al magisterio en toda
España, lo que nos impide saber a ciencia cierta a cuántos fusilaron, a cuántos
encarcelaron, a cuántos suspendieron de empleo y sueldo y a cuántos quedaron
ratificados en sus cargos por ser adictos al régimen. Lo que si sabemos es que
todos pasaron por los tribunales de depuración, todos y todas.
LA DICTADURA DEL GENERAL
FRANCO. 1936-1975.
El régimen político que se
impone en España a partir de la guerra civil no se preocupa de diseñar un sistema
escolar distinto del preexistente. En los primeros años, la educación sólo interesa
al Gobierno como vehículo transmisor de ideología, sin importarle en exceso su organización
y estructura interna. Así, proliferan decretos y órdenes ministeriales con una
sola idea: la educación debe ser católica y patriótica. Hay, por tanto, un
rechazo frontal a la política educativa de la República.
Podría caracterizarse someramente el sistema escolar de la
posguerra por una serie de rasgos. En primer lugar, se define una enseñanza
confesional católica basada en tres premisas fundamentales:
·
Educación de
acuerdo con la moral y dogma católicos
·
Enseñanza
obligatoria de la religión en todas las escuelas
·
Derecho de la
Iglesia a la inspección de la enseñanza en todos los centros docentes.
Se observa igualmente una
politización de la educación por medio de una orientación doctrinaria de todas
las materias. En tercer lugar, se establece la subsidiariedad del Estado en
materia de educación, porque es la sociedad la que asume las competencias en
este terreno; ello no se entiende como subsidiariedad en el sentido liberal,
sino que significa que el Estado se desentiende de la tarea educativa y la deja
plenamente en manos de la Iglesia. Como ya se ha dicho, se produce una ruptura
total con la época anterior, rechazándose todos los avances de la república en
cuanto a la renovación de los métodos pedagógicos y mejora del nivel intelectual de la enseñanza. También es
importante la separación de sexos, debida a la 6 prohibición de la escolarización mixta. Y, por último, se
incrementan el elitismo y la discriminación en la enseñanza, manifestados
principalmente en la existencia de un sistema educativo de «doble vía»: el
Bachillerato para las elites y otra vía para las clases más desfavorecidas.
En este período se promulgan cuatro leyes importantes en materia
de enseñanza. La primera, la Ley de Reforma de la Enseñanza Media, de 20
de septiembre de 1938, pretende regular el nivel educativo de las elites del
país. En esa misma línea, el 29 de julio de 1943 se promulga la Ley que
regula la Ordenación de la Universidad. La tercera ley, que afecta a la Enseñanza
Primaria, deberá esperar hasta el 17 de julio de 1945, y la cuarta, la Ley
de Formación Profesional Industrial, hasta el 16 de julio de 1949.
En la década de los 50 se observa una cierta apertura en el mundo
de la enseñanza. Persisten la confesionalidad y el predominio de la Iglesia,
pero remiten un poco el patriotismo y la preponderancia del adoctrinamiento
político sobre lo técnico pedagógico.
Tres leyes básicas se promulgan en esta etapa. En primer lugar, la
Ley sobre Ordenación de la Enseñanza Media llamada «Ley de Ruiz
Jiménez», de 26 de febrero de 1953. Esta normativa significa un nuevo enfoque
de la educación, menos dogmático y más atento a la calidad intelectual de la
enseñanza; además, supone un primer paso hacia la generalización de la escolaridad
hasta los 14 años, aunque se mantiene la doble vía. La segunda ley fundamental,
decisiva en este caso para la escolarización real de la población infantil, fue
la de 22 de diciembre de 1953 sobre Construcciones Escolares, donde se
establece un sistema de convenio entre Estado y ayuntamientos y diputaciones
para la construcción de escuelas.
Por último, la Ley de 20 de julio de 1957 sobre Enseñanzas
Técnicas contribuye también, de
alguna manera, a la «normalización» del sistema, al incorporar a
la Universidad las escuelas de ingenieros y arquitectos y abrirlas a un mayor
número de alumnos.
En los años 60, la expansión económica, el proceso de
industrialización, la explosión escolar pesar de que entre sus promesas
electorales se incluían profundas reformas educativas, el alzamiento militar,
que trajo consigo la guerra civil y el final de la República, no permitió su puesta
en práctica.
El 18 de julio de 1936 comienza la guerra civil española con el
alzamiento militar del general Franco. Durante los tres años que dura la
confrontación, la vida social, cultural y política del país vive conmocionada,
por lo que habrá que esperar hasta la victoria de los sublevados para reanudar
la historia del sistema educativo español.
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